Estado, abogacía y seguridad.
La sanción de la ley de emergencia en seguridad pública tiene para la provincia consecuencias positivas que esperábamos cuando la impulsamos primeramente desde el Colegio de Abogados y luego con entidades intermedias de Rosario.
Lo adelantamos en ocasión de reuniones con autoridades el año pasado y lo reiteramos con énfasis en el acto del Día del Abogado, el 29 de agosto.
Anticipamos entonces nuestra convicción de que la declaración de emergencia era una herramienta apta para definir e instrumentar una mejor política en el área, esto es para gobernar mejor, y que facilitaría los refuerzos presupuestarios y demás requerimientos de la gestión de seguridad sin necesidad de articular un consenso parlamentario previo.
Esta ley entre sus bondades aborda aspectos organizativos, funcionales y operativos del sistema de seguridad pública de la provincia; el desarrollo de acciones de asistencia individual, familiar y social tendientes a atacar las causas de la delincuencia y la violencia en todas sus modalidades (con especial hincapié en los sectores más vulnerables); la implementación de programas con municipios, comunas y organismos descentralizados y autárquicos en áreas de su competencia relacionadas con el fortalecimiento de la seguridad pública; estrategias y canales de participación comunitaria, a través de tareas coordinadas con las organizaciones de la sociedad civil; la realización y sostenimiento de la protección integral y efectiva para los niños, niñas y adolescentes y la creación e implementación de centros de recepción de denuncias.
Precisamente este último tema mereció el dictado de una norma específica que crea en toda la provincia los Centros Territoriales de Denuncias para atender a la ciudadanía bajo criterios de proximidad, transparencia y accesibilidad, descomprimiendo las tareas administrativas de las comisarías, con el fin de que la policía pueda priorizar sus funciones. Desde la perspectiva funcional de la policía, las tareas administrativas le insumen tiempo valioso de su trabajo cotidiano.
Cuando el gobernador anunció la incorporación de 1.500 policías y la descentralización de la recepción de denuncias, desde el Colegio de Abogados planteamos sumar a esta tarea a profesionales del Derecho, para coadyuvar en la prestación del servicio público profesionalizando la función y, a la vez, contribuir a la formación y práctica de aquéllos.
Así nacieron estos centros, atendidos por abogados noveles, coordinados por el Colegio profesional y el Ministerio de Seguridad, previa firma del pertinente convenio de colaboración entre ambos. Su objetivo general es relacionarse con la comunidad para garantizar el efectivo ejercicio de sus derechos y facilitar el acceso de la ciudadanía a los organismos públicos pertinentes, fortaleciendo la credibilidad en el sistema de justicia —sin mengua de las atribuciones de las fiscalías— y, por consiguiente, consolidando la gobernabilidad democrática.
Son unidades de organización de la administración pública provincial que gestionan un sistema de atención, orientación y recepción de denuncias relativas a hechos delictivos —sean éstos de acción pública o dependientes de instancia privada— o contravenciones en el marco de faltas provinciales, sin perjuicio de ocuparse de otros trámites y certificaciones que se determinen.
Están llamados a actuar como enlaces entre la comunidad y los organismos encargados de la investigación o, en caso donde la materia lo admita, las instituciones abocadas a la mediación. A la vez permitirán descentralizar las puertas de ingreso al sistema judicial, acercándose a la gente, brindando accesos ágiles y transparentes para realizar denuncias, información sobre sus derechos y las diferentes vías alternativas para solucionar conflictos.
También se refuerza así el rol de la denuncia, que además de abrir la atención de un caso particular y constituir una instancia primaria de vinculación del Estado con la comunidad en materia de seguridad y justicia, es fuente de información que contribuye al diseño o redefinición de políticas y estrategias públicas de prevención y actuación.
Por estos motivos fue que, cuando el gobernador hizo pública el año pasado la idea de descentralizar la recepción de denuncias, el Colegio de Abogados propuso encomendar esta tarea a colegas noveles, previo entrenamiento, tomando el feliz precedente del voluntariado jurídico laboral, en el que se conjugan dos buenas causas: coadyuvar con el Ministerio de Trabajo para asistir a trabajadores y generar un ámbito de práctica para profesionales recién recibidos.
Resta establecer los asientos territoriales y otros detalles para que los flamantes centros entren en pleno funcionamiento. Cabe esperar celeridad para que esta valiosa herramienta comience a rendir sus frutos en un momento tan particular de la seguridad pública santafesina.
Por Ignacio Del Vecchio. Presidente del Colegio de Abogados de Rosario.