Santa Fe y la ley nacional de drogas.
Los recientes procesamientos efectuados por el juez provincial Juan Carlos Viena por el delito de asociación ilícita de 35 personas vinculadas a la megacausa que investiga el accionar de la banda de Los Monos y algunos funcionarios policiales, merecen un raconto histórico y la discusión del proyecto de adhesión a la ley de desfederalización de la ley de Droga.
Destacamos la honestidad y valentía del juez Viena, quien fue víctima, conjuntamente con el ministro de Seguridad Raúl Lamberto, de fuertes amenazas e intimidaciones en junio del 2013, cuando investigaba los delitos que hoy provocan los procesamientos.
Con motivo de lo ocurrido, desde el Colegio de Abogados, propusimos realizar un acto de repudio en el hall central de los Tribunales provinciales, conjuntamente con los colegios de Magistrados, de Procuradores y el sindicato de empleados judiciales, que se realizó el 19 de junio del 2013, con la presencia masiva de abogados, empleados, funcionarios judiciales, la intendenta de Rosario, ministros de la Corte Suprema de Justicia y el ministro de gobierno de la Provincia.
En ese acto hicimos alusión a dos temas importante para atacar el flagelo de la la droga, 1) la necesidad de adherirnos a la desfederalización de la ley Drogas y 2) la necesidad de crear unidades de fiscales especializados en delitos de este tipo.
Sobre el segundo punto y con motivo de varios crímenes ocurridos en La Tablada en septiembre del 2011 (ver artículo periodístico en La Capital de Hernán Lascano: «Ajustes de cuentas o venganzas»), enviamos una carta el 29 de septiembre de 2011 al entonces procurador general de la Corte, Agustión Bassó, y al flamante fiscal Regional Jorge Baclini, para que conforme ley Nª 13013 se cree estas unidades de fiscales especializadas.
La ley nacional Nº 26052, sancionada en agosto de 2005, conocida como Desfederalización de la ley de Droga, modifica la ley 23737 y de acuerdo a la misma el Estado nacional puede desprenderse de su competencia para investigar y juzgar algunos hechos delictivos descriptos en la ley de estupefacientes (Artículo 5º incisos c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.
Los delitos sobre los que se delega competencia, mediante a través de ley provincial de adhesión, se incluye la tenencia simple de estupefacientes, sea o no para consumo personal,
No hay dudas que esta ley pretende la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta del Estado en la lucha contra el flagelo de la droga, sirviendo como un mecanismo más para lograr inmediatez, celeridad y eficacia, al menos en el tráfico a menor escala, dejando para la competencia federal el tráfico de gran envergadura.
El legislador ha considerado que la penalización del consumo y tráfico de estupefaciente debe estar en mano del poder provincial para una mejor cobertura policial y judicial del fenómeno, facilitando la posibilidad de acción, en el caso de Santa Fe, a través de los fiscales del nuevo procedimiento penal.
Dejar la acción persecutoria y decisoria en las jurisdicciones locales redundará a favor de los ciudadanos toda vez que con este nuevo sistema se contará con una mayor estructura e inmediatez con los hechos, ya que existe una directa vinculación entre la actividad delictiva común con el consumo de estupefacientes
Por ello creemos necesario que cuanto antes nuestros legisladores provinciales adhieran a la ley nacional, ya que con ello se logrará que los nuevos fiscales nombrados en la provincia constituidos a través de las unidades fiscales especializadas en delitos de narcotráfico, investiguen de una manera rápida y eficaz, lo que no se puede realizar ahora por la falta de recurso humanos en la Justicia Federal.
Por Arturo Araujo e Ignacio del Vecchio, ex presidentes del Colegio de Abogados.