«La mediación es útil y perfectible».
Al cumplirse el primer semestre de la mediación obligatoria antes del juicio civil en los Tribunales Provinciales, las estadísticas del período arrojan que se tramitaron 2 mil solicitudes y reflejan un descenso del 60 por ciento en el ingreso de causas a los juzgados.
Al cumplirse el primer semestre de la mediación obligatoria antes del juicio civil en los Tribunales Provinciales, las estadísticas del período arrojan que se tramitaron 2 mil solicitudes y reflejan un descenso del 60 por ciento en el ingreso de causas a los juzgados. Frente a esos datos, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio, evaluó que «se está demostrando que es una herramienta útil para la resolución de conflictos», aunque aclaró que «es perfectible» y deberían mejorarse los costos del servicio.
Ese balance realizó Del Vecchio a seis meses de la puesta en marcha del sistema de mediación prejudicial obligatoria, que debutó el 29 de noviembre de 2011. La modalidad consiste en acercar a las partes en conflicto para que negocien un acuerdo antes de dar curso a un expediente, a fin de brindar una solución rápida a pequeños reclamos y descomprimir la saturación de los juzgados. En Rosario, el sistema funciona en la Agencia de Gestión de Mediación (Pellegrini 2015).
La modalidad arrancó en los principales distritos judiciales (Rosario y Santa Fe) y se aplicará paulatinamente en el resto de la provincia. A partir de esta reforma, quien presente una demanda civil debe pasar necesariamente por una instancia de mediación con la otra parte y los abogados de cada uno, exponer el conflicto frente a un mediador y negociar una salida. Si hay acuerdo, las partes firman un acta y el reclamo se da por terminado. Si no, comienza el juicio convencional.
El rol del letrado. Según la agencia, hasta ahora las solicitudes superaron las 2.000, de las cuales más del 70 por ciento pertenecen a Rosario.
«Se está demostrando que es una herramienta útil para mejorar el sistema y contribuir a la paz social. El abogado es un actor insoslayable en este mecanismo ya que se debe tener en cuenta que detrás de cada mediación hay derechos en pugna que pueden conducir a un juicio posterior, por lo cual es preciso asegurarlos con el adecuado respaldo profesional», opinó Del Vecchio.
El titular del colegio profesional defendió, en ese sentido, el sistema de representación de partes que adoptó la ley 13.515, por la cual los mediadores deben ser únicamente abogados y procuradores.
«Esto es importante porque los abogados son los profesionales específicamente entrenados para encuadrar jurídicamente la naturaleza de los intereses en juego y asegurar la defensa de los derechos», destacó, y planteó que esos derechos podrían perderse si las partes no estuviesen adecuadamente asistidas, «sobre todo en caso de que la mediación fracase».
Puntos pendientes. Pese al balance positivo, Del Vecchio planteó que la valoración del sistema «exige afinar el análisis: de las causas que entraron a mediación, un 24 por ciento se solucionó sin necesidad de juicio, pero ingresaron menos causas y eso es atribuible a los costos del sistema, que es perfectible».
En ese sentido, el presidente del colegio señaló que podría reducirse el costo de las notificaciones, «que se hacen por correo privado y son casi tres veces más caras que las tramitadas por el Poder Judicial».
Como el sistema funciona en la órbita del Ejecutivo, con una estructura mínima y a costo de las partes, el colegio profesional requirió a la Corte Suprema de la provincia que la Oficina de Notificaciones preste el servicio con el valor de las cédulas judiciales.
A eso se agrega, para Del Vecchio, «el caso de las mediaciones fracasadas, que suman a sus costos los del juicio posterior».
«Esto puede provocar que muchos renuncien a litigar. Así los conflictos podrían quedar sin resolver, lo que no contribuiría a la paz social», dijo. Para saldarlo, sugirió evaluar que los honorarios de los mediadores corran «por cuenta del Estado». Y apuntó que debería corregirse la limitación a abogados noveles para participar, ya que la ley habilita a los que tienen un mínimo de tres años de ejercicio profesional.
Así y todo, el profesional evaluó que la experiencia es positiva y sería conveniente trasladarla de manera progresiva al fuero laboral, «colapsado por el desborde de causas», para «impulsar un acercamiento de las partes y lograr un acuerdo rápido en conflictos relativos a acreencias asistenciales y de naturaleza alimentaria». Para acompañar ese proceso, el colegio requirió a los tres poderes del Estado la inclusión de partidas presupuestarias para crear cinco nuevos juzgados. Frente al pedido, indicó, «el Ejecutivo prometió gestionar la habilitación de un juzgado y la creación de más cargos».
«El mecanismo actual exhibe buenos resultados, pero es perfectible», reiteró Del Vecchio, para quien el «camino del diálogo institucional entre el colegio y los poderes del Estado» permitirá «seguir mejorando el servicio de administración de Justicia y la resolución de los conflictos legales de la sociedad».