Entidades intermedias e inseguridad.
La compleja trama de relaciones, intereses y necesidades que componen la realidad de hoy plantea a los gobiernos unos desafíos de tal magnitud que desbordan las previsiones más lógicas de la política, la cual por sí sola suele revelarse insuficiente para afrontarlos.
El diseño de planes y estrategias para encarar y solucionar problemas requiere entonces el auxilio de saberes y capacidades específicas, los cuales se hallan diseminadas en distintos espacios de la sociedad, a veces en casas de altos estudios, otras en organizaciones no gubernamentales, también en colegios profesionales y, genéricamente, en todo tipo de instituciones intermedias, sin descartar las más humildes en apariencia.
Así sea una asociación de empresarios de escala, un pequeño sindicato de oficio o la unión vecinal de un barrio marginal, todas y cada una de estas instituciones se organizan alrededor de intereses y necesidades específicas y adquieren los conocimientos y herramientas que les posibiliten ocuparse de los diversos problemas que les afectan, llegando en ocasiones a abarcar los de toda la sociedad, como ocurre —por ejemplo— con los foros dedicados al problema de la inseguridad.
Los gobiernos que no se limiten a instrumentar acciones surgidas de su propio riñón y tengan percepción clara del rol de estos verdaderos operadores sociales seguramente considerarán sus proyectos orientados al interés general, que sin duda serán también provechosos para su propia gestión.
Un ejemplo cercano en tiempo y espacio de la importancia de estas instituciones y de la calidad de sus aportes al bien común lo constituye el proyecto de declarar en emergencia de seguridad a la ciudad de Rosario, solicitud que se hiciera en ocasión de celebrarse el Día del Abogado en agosto de este año, en nuestro Colegio de Abogados de Rosario.
Como responsables de la institución profesional de los abogados, hemos alentado recientemente al gobierno provincial para que apoye la declaración de la emergencia de seguridad en la convicción de que constituye una herramienta necesaria para que se logre mayor efectividad en el tema y así lo hemos comunicado en varias reuniones que hemos tenido con las autoridades provinciales.
Se trata de una herramienta apta para definir e instrumentar una mejor política en el área, esto es para gobernar mejor. Hemos dicho que tal declaración facilitaría a los funcionarios del área conseguir de la Legislatura los refuerzos presupuestarios y demás requerimientos de la gestión de seguridad sin necesidad de articular un consenso previo.
La medida acaba de ser aprobada por la Legislatura, bien que impulsada por la urgencia de una preocupante coyuntura y en un contexto polémico por falta de consenso político. Si se hubiera atendido oportunamente el proyecto, posiblemente se hubieran podido evitar algunas de las más alarmantes consecuencias de la inseguridad creciente y quizás, también, el escándalo.
Ello conduce a la inevitable reflexión sobre la conveniencia de que los gobernantes no sólo presten oído a las inquietudes de estas entidades —que por lo general les piden reuniones para hacerse escuchar, o de algún modo les hacen llegar sus propuestas—, sino también trabajen con ellas en el permanente intercambio de información, incorporen sus preocupaciones a la agenda oficial e impulsen sin dilación sus iniciativas cuando un ligero examen demuestra —en casos como el comentado— que dan en el clavo, en el núcleo del problema.
Entidades ocupadas en esta problemática desde hace más de una década, como el Colegio de Abogados de Rosario, el Grupo Trascender, Ciudadanos en Alerta, Fundación Apertura, Foro Regional Rosario, Fundación Libertad y vecinales de distintos barrios, abordaron reiteradamente el grave problema de las insuficientes políticas públicas en la materia, formularon propuestas —entre ellas la declaración de emergencia aludida— y oportunamente solicitaron la confección de un plan de seguridad con imputación de recursos y plazos para su ejecución.
Los gobernantes, a su vez, deben reconocer a tiempo las propuestas sensatas de la sociedad. Pedimos reacción en conjunto. Recuperemos la iniciativa y ocupemos los espacios. Antes de que sea tarde. Para ahorrar sufrimiento y preservar ya no sólo nuestros preciados bienes sino lo más valioso que tenemos: la vida.
Presidente del Colegio de Abogados de Rosario.